Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) sí es constitucional, alrededor de 37 mil compañías y 3.5 millones de personas físicas con actividad empresarial habrán perdido toda posibilidad de amparo contra ese gravamen.

“Negado el amparo, el efecto será diferente en cada caso. Algunas empresas tendrán que capitalizar, otras se verán obligadas a reducir empleados, unas más a disminuir su inversión y otras a liquidar, pero todo repercutirá sobre la economía en general”, detalló Francisco Macías-Valadez Treviño.

El socio de impuestos de Deloitte dijo que los efectos no pueden ser generales porque el IETU afecta de forma diferente a cada empresa.

Herbert Bettinger, socio director de Estudios Jurídicos Integrales de Ernst & Young, subrayó que la principal consecuencia de que la SCJN declare que el IETU sí es constitucional, es que nuevamente se difundirá que en México no se hace justicia.

Por lo pronto, será hasta 2011 cuando el Servicio de Rentas Internas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisen la posición del contribuyente respecto a que el IETU puede continuar siendo un Impuesto sobre la Renta (ISR) elegible para el acreditamiento.

Consultadas acerca de la resolución de la SCJN, en el sentido de que el IETU es un impuesto diferente al ISR, fuentes de la SHCP indicaron que hasta ahora la situación del gravamen en EU no se modifica